Martes, 26 de enero de 2016. Este lunes, la Procuraduría General de Ecuador anunció que está dispuesta a apelar la decisión de la Corte de la Haya, que resulto desfavorable; en lo relativo a una demanda legal en contra de la empresa petrolera “Chevron Corporation”.
Inicialmente, en el año 2003 comunidades indígenas de Ecuador plantearon una demanda legal contra “Chevron”, por el derrame de más de 80.000 toneladas de residuos de petróleo en una importante zona agrícola -que abarca un total de 500.000 hectáreas de terreno-, durante los años 1964 a 1992.
Por su parte, la empresa respondió ante el ataque alegando que se habían realizado labores de limpieza en los campos antes de entregarlos; y que la contaminación había sido ocasionada por la empresa estatal petrolera Petroecuador, por lo que con dicha demanda Ecuador solo buscaba desligarse de su responsabilidad. Pero en el año 2011, el Tribunal emitió una sentencia en la que se obliga a “Chevron” a indemnizar a las comunidades afectadas con 9500 millones de dólares.
Recientemente, la Corte de la Haya descalificó la solicitud de Ecuador de anular varios fallos dictados a favor de “Chevron” y “Texaco Petroleum Company”; por una demanda en contra de esta Nación sudamericana. Esta empresa acusa a Ecuador de supuesto fraude, durante el juicio que le estipuló la indemnización millonaria por contaminación causada durante sus años de labores en los campos ecuatorianos.
El procurador general del Estado, Diego García; acusó de injustas las decisiones tomadas por los jueces holandeses al rechazar argumentos sólidos; tales como la imposibilidad de aplicar con carácter retroactivo un Tratado Internacional en el que un Estado puede intervenir en las decisiones judiciales en su contra. Según un informe presentado por la misma Procuraduría, esta Corte Judicial aún no se ha pronunciado en referencia a las intenciones de “Chevron”. Este caso aún está pendiente, y sigue un camino bien diferente, el de la anulación.
Ahora bien, uno de los argumentos que Ecuador planteó fue el de la aparente incompetencia del Tribunal para reconocer la demanda arbitral; debido a que el Tratado Bilateral entró en vigencia a partir de 1997, cinco años después que la empresa estadounidense abandonó Ecuador. Este podría ser el único argumento suficientemente fuerte, para que se le otorgue a Ecuador jurisdicción al Tribunal.
Los decretos expuestos por la Corte de la Haya, van en contra de la seguridad pública del país sudamericano en cuestión; ya que apuntan a que el mismo Gobierno ecuatoriano se haga la vista gorda ante una sentencia legítima emitida por sus Tribunales.
Por otro lado, García rechazó firmemente las declaraciones de “Chevron”, que en parte realzan la supuesta veracidad de los fallos, cuando aún no se han agotado todos los recursos de revisión ante las cortes holandesas.
Sin embargo, hay pruebas de que el Tribunal Arbitral está llevando una investigación cuidadosa de la posible legitimidad de la demanda presentada por Ecuador; así que aún la “Chevron” no puede atribuirse ningún éxito legal.
ALFA